Funcionarios públicos y sueldos congelados
En 1956, Dolores Medio escribió “Funcionario público”, novela desgarrada donde se narran las penurias de Pablo Marín, funcionario atado a un sueldo mísero que malvivía en un cuartucho junto a su mujer.
Tras las décadas siguientes de desarrollo, la figura del empleado público casi indigente, trasunto del cesante de novelón galdosiano, fue poco a poco hundiéndose en el olvido.
Pero en los últimos días, la cloaca política y mediática neoliberal ha babeado de placer ante los ecos de una posible congelación salarial a los funcionarios. Sin embargo, nada sería más injusto que pasar la factura de la crisis a este colectivo.
Así, en los momentos de hervor económico y ladrillazo, un encofrador podía duplicar el sueldo de un Técnico Superior de la Administración, y para conseguir que un albañil viniera a casa había, poco menos, que apuntarse en una lista de espera y cruzar los dedos.
Mientras los funcionarios perdían poder adquisitivo y realizaban malabarismos contables con el sueldo, miles de paletos de eructo, puti club y caspa montaban una constructora y juntaban billetes de quinientos euros como cromos. Legiones de jóvenes abandonaban los estudios y dejaban sus libros escolares criando polvo mientras se pavoneaban en coches refulgentes… ¿los funcionarios? Unos “pringaos, hombre, unos “pringaos”… ¿para qué estudiar?, ¿para qué invertir?, ¿para qué innovar?...
“España va bien”.
Y mientras tantos celebraban sus ganancias entre cubatas, risas, rayas de coca y “España va bien”, miles de hombres y mujeres habían inmolado sus mejores años junto a una taza de café cargado, un flexo y un temario de oposiciones. Con los codos clavados en una mesa, viendo la vida desfilar a través del claroscuro de un ventanal, a la espera del momento crucial y temible de los exámenes.
Pues bien, ahora resulta que, según los neoliberales, los efectos de aquellos excesos han de pagarlos los “privilegiados funcionarios”, precisamente el colectivo que apenas se benefició del auge económico y que, por supuesto, no provocó la crisis.
Según ese planteamiento no pidamos cuenta a las entidades bancarias que prestaron dinero sin las debidas garantías. No pensemos que las ganancias obscenas de la especulación acabaron en paraísos fiscales. No indaguemos en ayuntamientos y comunidades que dilapidaron millones encargando obras absurdas que enriquecieron a empresarios. No, no… todo esto que lo paguen los funcionarios.
Sí, los funcionarios, aquellos “pringaos” durante los años del falso esplendor económico. Sí, el juez que sacrificó como poco cinco años en una oposición terrorífica (aparte de los cinco de carrera) para ganar menos que muchos fontaneros. Sí, los miles de opositores que hubieron de recurrir al Lexatín, el policía que se juega la vida por mil quinientos euros mensuales, el auxiliar que no gana más de novecientos… ¡resulta que estos han de pagar la crisis y son unos “privilegiados”!
Y todavía el funcionariado español no se ha mentalizado que todas las ideas de congelación salarial y ataque a lo público responden a la sobrecogedora ofensiva de la derecha ultraliberal, que ha sustituido a la derecha “de toda la vida” y que presiona con una fuerza devastadora acoquinando a muchos gobiernos de izquierda que, contra su sentir, han de plegarse a estas medidas.
Pero los funcionarios españoles, en una suerte de suicidio colectivo, votan masivamente a la derecha actual. Y esta derecha neoliberal odia lo público. La doctrina ultraliberal es muy simple: que unos pocos se apropien y aprovechen del esfuerzo y trabajo de la mayoría. En la más genuina línea de Esperanza Aguirre y su entrega de los servicios públicos a codiciosas manos privadas.
En este sentido, que un funcionario votase a la derecha “de toda la vida” podía entenderlo, pero que vote a la actual derecha, la neoliberal, me parece tan esperpéntico como que Emilio Botín se afiliara al Partido Comunista Revolucionario.
Gustavo Vidal Manzanares es jurista y escritor
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