CLARITO CLARITO

Non me resisto a copialo enteiro....

MIRANDO EL FUTURO AVANZAMOS HACIA ATRÁS

Miguel Ángel Presno Linera
Profesor Titular de Derecho Constitucional

En su sentencia más importante del siglo XX –la que declaró inconstitucional la segregación por raza en las escuelas–, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró que “posiblemente la educación sea la función más importante de las Administraciones (…) Es el fundamento básico de una auténtica ciudadanía. Representa el principal instrumento para despertar los valores culturales en los niños, para prepararles para el aprendizaje y para ayudarles a adaptarse con normalidad a su medio” (asunto Brown, de 1954). Dos generaciones después todavía existen en Galicia gobernantes que no han entendido que, como dijo Condorcet en 1792, la educación es para los poderes públicos un deber de justicia.

Pero no es necesario alejarse tanto en el tiempo y el espacio; basta recordar lo que exigen la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Ley de normalización Lingüística, y lo que ha venido resolviendo el Tribunal Constitucional (STC).

La Constitución, a fin de superar la represión y clandestinidad franquistas, proclama en su Preámbulo la voluntad de proteger las culturas y lenguas. Buena prueba de que esa norma entiende el pluralismo, lingüístico o de otro tipo, como algo digno de fomento y no de rechazo, es que el 29 de diciembre de 1978 se publicó en el BOE la Constitución en castellano, gallego, euskera y en las distintas variantes del catalán. Y eso mucho antes de que se aprobaran los Estatutos de Autonomía, donde por mandato constitucional se incluyen “las líneas maestras del modelo lingüístico” (STC 82/1986).

Desde 1981, el Estatuto gallego dispone que “los poderes públicos de Galicia potenciarán la utilización del gallego en todos los órdenes de la vida pública, cultural e informativa (artículo 5) y que “corresponde a la Comunidad Autónoma la promoción y enseñanza de la lengua gallega” (artículo 27). Desde 1983, la Ley de Normalización Lingüística obliga a las autoridades educativas de Galicia a adoptar “las medidas encaminadas a promover el uso progresivo del gallego en la enseñanza”, evitando, por razón de la lengua, “la separación [de los alumnos] en aulas diferentes” (artículo 13).

Y en tiempos más recientes, cuando Núñez Feijóo era director de Correos en un gobierno cuyo presidente –que no se había puesto con el inglés– presumía de hablar catalán en la intimidad, España ratificó la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, incluyendo como tal al gallego, no al castellano. La Carta impone a los estados la promoción de esas lenguas y no considera discriminatorio el trato que favorezca a los que hablan la lengua minoritaria (artículo 7).

Nos encontramos, pues, con que la Constitución y la Carta Europea abogan por la protección del pluralismo lingüístico; que el Estatuto ordena potenciar el gallego y que la Ley de Normalización impone la promoción de su uso progresivo en la enseñanza. Con estas premisas la conclusión obligada, no para un jurista sino para cualquiera que sepa leer, es que el decreto –norma de rango inferior– que regule el uso del gallego en la enseñanza está obligado a potenciar su uso, pues en otro caso no sería válido. Y aunque algunos estilistas sostengan que “menos es más”, no parece que algo se potencie o promocione si se reduce del 50 al 33%.

Es obvio que se puede discutir lo que dicen la Constitución, la Carta Europea, el Estatuto y la Ley de Normalización, pero la eventual nostalgia que abrume al discrepante no se cura con una fuerte dosis de decreto ni preguntando al paciente qué medicina le apetece más, sino modificando aquellas normas. Nada se le ha escuchado a Núñez Feijóo sobre propósitos tan legítimos.

Lo que sí sostiene Núñez Feijóo es que “pretende establecer un equilibrio entre el gallego y el castellano”. ¿Que se impartan al 50% es desequilibrado? Sostiene Núñez Feijóo que “las bases del decreto cumplen la ley de normalización lingüística”. ¿Es cumplir la ley, que obliga al uso progresivo del gallego, reducirlo del 50 al 33%?

Sostiene también Núñez Feijóo que su voluntad es que “el consenso social que ya existe en las calles de la cordialidad lingüística puede incorporarse al ámbito de la política”. ¿Una Ley de normalización lingüística aprobada por unanimidad carece de consenso social y político?

Entre las muchas cosas que sostiene Núñez Feijóo está el fomento de la libertad y “que los padres de los alumnos puedan elegir la lengua de sus hijos”. Entonces, ¿por qué tantos complejos? ¿No serían más libres si también pudieran elegir “las matemáticas de sus hijos” o “el conocimiento del medio de sus hijos”? ¿Por qué no se promueve la libertad total y que los niños en lugar de ir a la escuela sean “educados” por sus padres?

Pues porque, como dijo Camus, es la escuela la que debe alimentar el hambre de descubrir. El Tribunal Constitucional, más prosaico, sentenció que “el deber constitucional de conocimiento del castellano no puede generar un pretendido derecho a recibir las enseñanzas exclusivamente en castellano” y que “el derecho de todos a la educación se ejerce en el marco de un sistema educativo en el que los poderes determinan los currículos de los niveles, ciclos y grados de enseñanza, las enseñanzas mínimas y las materias objeto de aprendizaje, organizando su desarrollo en los centros docentes; por lo que la educación constituye, en términos generales, una actividad reglada” (STC 337/1994).

Termina sosteniendo Núñez Feijóo que su ambición es “preparar las generaciones futuras para un mundo cada vez más globalizado”. En 1983, siendo presidente de la Xunta un tal Xerardo Fernández Albor, vicesecretario de la Mesa del Parlamento de Galicia un tal Mariano Rajoy Brey, y Alianza Popular el partido con más diputados, se aprobó por unanimidad la Ley de Normalización Lingüística. En su Preámbulo proclama que la lengua “nos une con el pasado de nuestro pueblo, porque de él la recibimos como patrimonio vivo, y nos unirá con su futuro, porque la recibirá de nosotros como legado de identidad común”.

McLuhan dijo algo parecido cuando afirmó “mirando hacia atrás avanzamos hacia el futuro”; otros, ignorando que no hay cultura sin herencia, prefieren mirar el futuro avanzando hacia atrás.